La doctrina de la real malicia y su aplicación en las decisiones de las altas cortes en Colombia: 2011-2016

Abstract

En una democracia la libertad de expresión cumple una función legitimadora, porque permite a los ciudadanos y a los medios de comunicación desarrollar la capacidad de pensar y reflexionar frente a los asuntos de interés público. Lo cual no equivale a transgredir derechos personalísimos de quienes están expuestos al escrutinio público. Es necesario recordar que la libertad de expresión no puede ser impuesta arbitrariamente sobre los demás. La misma democracia exige tolerancia frente a la crítica dirigida hacia los funcionarios públicos o personajes públicos. De modo que, la solución para evitar cualquier tipo de abuso en el ejercicio a la libertad de expresión parte por contar con límites claros y definidos en la Ley; que garanticen, a su vez, un debate desinhibido, robusto y ampliamente abierto. A partir de esa idea, la doctrina jurídica ha determinado pautas de interpretación frente a las tensiones que, irremediablemente, se presentan entre derechos fundamentales como: el buen nombre, la honra o la imagen de personas públicas, y la libertad de expresión. Una de ellas, la estableció la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, hace casi medio siglo, y se conoce como la real malicia. Básicamente, consiste en ampliar la garantía de la libertad de expresión, asignándole al quejoso la carga de probar, más allá de toda duda, la intensión maliciosa del emisor de una afirmación. La regla está incorporada al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIPH), en cabeza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como un estándar para validar las sanciones ulteriores impuestas por el abuso de la libertad de expresión. Y se aspira que sea adaptada a las legislaciones internas por la totalidad de los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

In a democracy, freedom of expression fulfills a legitimizing function, because it allows citizens and the media develop the ability to think and reflect in the face of matters of public interest. Which is not the same as transgressing the very personal rights of those who they are exposed to public scrutiny. It is necessary to remember that freedom of expression cannot be arbitrarily imposed on others. Democracy itself demands tolerance in the face of criticism directed towards public officials or public figures. So the solution to avoid any type of abuse in the exercise of freedom of expression is based on having clear limits and defined in the Law; that guarantee, in turn, an uninhibited, robust and widely open debate. Based on this idea, legal doctrine has determined interpretation guidelines in the face of tensions that, inevitably, are presented between fundamental rights such as: good name, honor or the image of public persons, and freedom of expression. One of them was established by the Court Supreme Justice of the United States, almost half a century ago, and is known as the royal malice. Basically, it consists of expanding the guarantee of freedom of expression, assigning the complainant the burden of proving, beyond all doubt, the malicious intent of the issuer of a claim. Rule is incorporated into the Inter-American System for the Protection of Human Rights (SIPH), at the head of the Inter-American Court of Human Rights (Inter-American Court) as a standard to validate the subsequent sanctions imposed for the abuse of freedom of expression. And it is aspired to be adapted to domestic legislation by all the States party to the American Convention on Human Rights (ACHR).