Análisis comparativo de los delitos de inducción a la prostitución y trata de personas

Abstract

La práctica de la prostitución se ha venido presentando desde la edad Antigua, época de las antiguas civilizaciones como la Mesopotámica, donde estaba protegida en códigos como el Hammurabi, vista también como práctica de realización obligatoria para las mujeres al menos una vez en su vida en Babilonia o como rito religioso por las culturas fenicias. Tiempo después, a partir de los siglos XV y XVI se empezó a restringir la práctica de la misma, en razón de la propagación y pululación de enfermedades de transmisión sexual como la sífilis; Asimismo, a raíz de la edad media, la Santa Inquisición y por ende, la impartición del cristianismo, la práctica sexual abierta o la fornicación se vio erradicada a raíz de la creencia de que le sexo era un pecado capital. Creencias que se han mantenido actualmente, sumándose, el nuevo descubrimiento de diferentes enfermedades de transmisión sexual, el establecimiento de la bigamia, entre otras. Ahora bien, actualmente en Colombia el ejercicio de la prostitución no es una actividad penalizada según la sentencia T-629 de 2010, pero si se tiene como ilegal la conducta de inducción o constreñimiento a ejercer la prostitución; prohibiciones establecidas en los artículos 214 y 214 del Código Penal Colombiano (Ley 599 del 2000). Se ha visto también, que la práctica sexual a veces se camufla con un delito mayor, como es la trata de personas, en donde se instrumentaliza a la persona, se cosifica, con fines de obtener un beneficio, obligándole a practicar la prostitución, la esclavitud, trabajos forzados, extracción de órganos, entre otros. A raíz de esto, el legislador colombiano acogió normatividad internacional para perseguir esta conducta, que se caracteriza por involucrar a diferentes países al manifestarse el tráfico a nivel transnacional, internacional o nacional. Dicha normatividad se materializó a través del Convenio de Palermo celebrado por la UNODC en 1949 y se incorporó a la legislación colombiana mediante la Ley 800 de 2003. Es así, que en el Código Penal Colombiano se incorporó los artículos 188A y 188B que establecen el tipo penal de trata de personas y sus agravantes.